Acusan a De la Sota de “mantener la impunidad” de fuerzas de seguridad

FUENTE: LA MAÑANA DE CÓRDOBA

Diputados del FpV y referentes de la Campaña contra la Violencia Institucional pidieron la renuncia de Paredes y Chayep.

Representantes de la Campaña contra la Violencia Institucional en Córdoba, diputados nacionales y miembros de organismos de Derechos Humanos pidieron ayer la renuncia del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y de la ministra de Justicia, Graciela Chayep, y responsabilizaron al gobierno de José Manuel De la Sota y al Poder Judicial de la Provincia de “mantener la impunidad” de las fuerzas de seguridad y penitenciarias en ese distrito.
El reclamo se concretó en una conferencia de prensa realizada en el Anexo de la Cámara de Diputados, a la que asistieron los diputados Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Leonardo Grosso, referente nacional de la Campaña contra la Violencia Institucional, Jorge Rivas, Araceli Ferreyra y Adela Segarra y la cordobesa Mónica Gutiérrez. Asimismo, estuvo el fiscal federal Abel Córdoba y el dirigente cordobés Andrés Guzmán, del Movimiento Evita, responsable local de la Campaña contra la Violencia Institucional y familiares de víctimas de represión policial.
La presentación se produjo una semana después de que el fiscal Córdoba, miembro de la Procuraduría General, hallara 17 cadenas no permitidas en la cárcel provincial de barrio San Martín, en el marco de una inspección. Como respuesta, la ministra Chayep denunció a Córdoba por haber ingresado al penal sin autorización. El fiscal dijo ayer que las cadenas eran  utilizadas para “estaquear a los internos cuando hacían un reclamo” y que fueron retiradas para evitar futuras torturas. Los posibles vejámenes son investigados por la fiscal federal Nº 3, Graciela López de Filoñuk.
“Nosotros repudiamos que Chayep, en lugar de investigar el hecho, denunciara penalmente al fiscal Córdoba y decimos que la ministra es cómplice de las torturas”, dijo Andrés Guzmán.  
Por su parte, Grosso remarcó “el hostigamiento cotidiano por parte de las fuerzas policiales hacia los sectores más humildes y vulnerables, como así también la represión y la criminalización de la protesta social es habitual en la provincia”.
Es que el reclamo por la violencia institucional en Córdoba precede al hallazgo de las cadenas el penal de San Martín. La vigencia del represivo Código de Faltas y los casos de gatillo fácil policial vienen siendo denunciados desde hace tiempo por organizaciones ligadas a los derechos humanos y al kirchnerismo. Guzmán recordó que en 2011, la Policía de Córdoba hacía “200 detenciones diarias” y que ese número se habría duplicado en el corriente año. “El 80% de las detenciones son por contravenciones (el Código de Faltas) y sólo el 20% son por hechos penales”, resaltó.
En tanto, Remo Carlotto propuso una visita conjunta de funcionarios y asociaciones a los servicios penitenciarios de la provincia de Córdoba (ver aparte). “Nosotros venimos denunciando hechos en todas las provincias, no sólo en Córdoba, pero cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde y pedimos respuestas de parte del Ejecutivo cordobés”.
Entre los familiares de las víctimas de violencia institucional estaban Raquel Wittis, la madre de Mariano, asesinado en setiembre de 2000 por un policía; y Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón el chico de 18 años asesinado, hace diez años, por miembros de la Policía de Mendoza. También Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, joven asesinada por policías bonaerenses en 2002. Un representante de la familia de Facundo Rivera Alegre, desaparecido desde febrero de 2012, y que habría sido víctima de la violencia policial, anunció una nueva marcha para pedir la aparición del joven, el 28 de mayo.
En la conferencia también estuvieron Hugo Cañon, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria; Mario Kestelboi, defensor General de la Ciudad; y Ana Oberlin en representación de la Secretaría de DD.HH. de la Nación, entre otros.  

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