SEGUNDO AÑO DE MACRI CON MAS DE 50 FUNCIONARIOS IMPUTADOS

El gobierno nacional inició su segundo año de gestión con un récord más propio de la administración que lo antecedió: tiene más de 50 funcionarios complicados por denuncias judiciales, con el propio presidente Mauricio Macri a la cabeza de las imputaciones. El jefe de Estado, en efecto, está siendo investigado en tres causas: sus empresas off shore divulgadas en el escándalo internacional de los Panamá Papers, el decreto de necesidad y urgencia que abrió el blanqueo de capitales a los familiares de funcionarios (algo prohibido expresamente en la ley) y el Memorándum con Qatar. A su vez, entre los funcionarios de primera línea del Gobierno imputados en la Justicia, está la propia vicepresidenta Gabriela Michetti, que además de estar imputada por el Memorándum con Qatar, está siendo investigada por el origen del dinero que fue robado de su casa la noche en que Cambiemos ganó el ballottage presidencial. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, está imputado también en una causa por la supuesta compra directa de máquinas de voto electrónico a Corea: ayer mismo, el juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra el funcionario. El juez exhortó a su cartera que le remita todas las constancias relativas a la firma del Memorándum de Entendimiento con Corea que incluiría la compra de las máquinas de voto electrónico antes de que se aprobara la reforma electoral, proyecto que el oficialismo impulsó con fuerza en el Congreso pero que tuvo que resignar ante la resistencia de la oposición. El flamante ministro de Finanzas, Luis Caputo, está imputado por la compra de dólares a futuro a través del fondo Axis, que con esa operatoria aumentó su capital en más del 500%. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, está acusado de haber favorecido a Shell, de la que fue CEO, y por una compra de gas a Chile sin licitación pública. También sus principales colaboradores fueron alcanzados por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, aliada de Macri, que los acusó de «negociaciones incompatibles con la función pública». Fuente: Hoy día Córdoba
electron

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