CUARENTENA Y CUESTIONES PENALES

Por Raúl Alejandro Castro

El motivo u origen del presente artículo se encuentra en lo que es una casi permanente noticia en los distintos medios de comunicación de cualquier tipo y alcance, sobre la cantidad (asombrosa por cierto) de detenidos por quebrantar la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional para combatir la expansión del coronavirus COVID-19, y las consecuencias que desde el punto de vista penal acarrea dicho incumplimiento.  Como ejemplo, a nivel nacional, https://www.cronica.com.ar/policiales/Mas-de-52.000-detenidos-demorados-y-notificados-por-incumplir-la-cuarentena-en-todo-el-pais-20200419-0031.html: Más de 52.000 personas fueron detenidas, demoradas o notificadas por incumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio durante los operativos de control realizados por las fuerzas federales en todo el país desde que comenzó a regir la medida hasta esta tarde (19/4/2020), informaron fuentes oficiales –el destacado no está en el original-; en tanto que en la Provincia de Córdoba, entre el 20/3/2020 y el 19/4/2020 a la hora 18.00, 13.618 detenidoshttps://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/13500-detenidos-en-cordoba-por-violar-cuarentena-; y según la misma fuente, a nivel local, COE Villa Dolores -Departamentos San Javier, San Alberto, Pocho y Minas-, 582 detenidos.-

En primer lugar, debo recodar que el día 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus (covid 19) como una pandemia, afectando hasta ese momento a 110 países.-

Seguidamente y ante la referida situación, el Señor Presidente de la República dictó (en uso de sus facultades constitucionales) el decreto 260/20 (BO 12/3/2020), autorizando al Ministerio de Salud adoptar nuevas medidas oportunas a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.-

Es así que, el referido decreto 260/20, en su art. 22, estableció que la infracción a las medidas previstas en dicho dispositivo legal dará lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo previsto en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.-

Nuevamente y ante la apremiante situación, el Sr. Presidente de la Nación, con fecha 19/3/2020, dictó otro decreto, el número 297/20 (aislamiento social, preventivo y obligatorio), en el que con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, se estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo determinado (desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica –de hecho, los decretos nacionales 325/20 y 355/20 prorrogaron la medida primero hasta 12 y luego hasta el 26 de abril de 2020), durante el cual (con expresas excepciones) todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo.  Asimismo se estableció la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19.-

Frente a este tipo de medida no debe olvidarse que es cierto que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino….”.-

No obstante ello y si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Americana sobre Derechos Humanos).-

Y en ese sentido se ha dicho que, “… el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición y difusión de las enfermedades –por ejemplo… aislamiento o cuarentena…- “El poder de policía y policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal”, en “Cuestiones de Intervención Estatal – Servicios Públicos. Poder de Policía y Fomento”, Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100.-

Volviendo al citado decreto 297/20 (el que dispuso la cuarentena obligatoria), la misma en su art. 4 dispone (en consonancia con el decreto 260/20) que cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.  Además, se deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el decreto y se procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, a fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus.-

En atención a lo dispuesto por el Decreto 297/20 y que vengo comentando, ha tenido oportunidad de expedirse la Justicia, diciendo que “…Así las cosas, la situación de excepcionalidad da cuenta de la legitimidad de los fines buscados que se pretenden preservar, por lo cual desde este prisma la norma tiene pleno sustento.  En cuanto al medio utilizado y las restricciones dispuestas que limitan la posibilidad de reunirse y circular, han sido dispuestas también en forma razonable, como se dijo, en cuanto único medio que la comunidad internacional y la información médica da cuenta para evitar la propagación de la grave enfermedad. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, también se ajusta a los parámetros constitucionales en tanto se ha previsto en la legislación distintos supuestos que permiten la circulación de personas con tareas esenciales, como la asistencia a niños, niñas y adolescentes, a personas mayores y a quienes lo requieran. Además, la restricción de movimientos general tiene excepción cuando tenga sustento en cuestiones de necesidades alimentarias, de limpieza y médicas en lugares cercanos. En este contexto de excepcionalidad, también cabe señalar que el Poder Ejecutivo remitió, conforme surge de la norma, el decreto a consideración del Congreso de la Nación para su tratamiento por parte de la Comisión respectiva, circunstancia que demuestra que se han respetado las normas constitucionales.  Por último, tampoco existe un supuesto de amenaza a la libertad ambulatoria porque el decreto en forma específica dispone que la fuerza policial en caso de detectar un incumplimiento a la norma dará noticia a la justicia penal para que evalúe la pertinencia de iniciar acciones en función de la posible comisión de los delitos previstos en los arts. 205 y 239 del C.P. En esta inteligencia, el Juez Penal con jurisdicción deberá resolver el caso concreto, por lo cual se descarta, asimismo, en esa situación un caso de privación de la libertad sin orden de autoridad competente (Art. 3, a contrario sensu, de la ley 23.098)” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Sala Integrada de Habeas Corpus (el destacado me pertenecen).-

Aquí y teniendo en cuenta el motivo de las presentes líneas, es bueno tener presente que el Código Civil y Comercial de la Nación establece en su art. 4 que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes; y rigen después de su publicación o desde el día que ellas determinen (art. 5) y que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento (art. 8, principio de inexcusabilidad), entiendo útil recordar algunos conceptos relativos a las figuras delictivas que pueden resultar imputadas a aquellos que violan la cuarentena nacionalmente dispuesta (infracción de medidas sanitarias contra epidemias y/o desobediencia a la autoridad).-

En tal sentido, y comenzando con la infracción de medidas sanitarias contra epidemias, figura prevista en el art. 205 del Código Penal, se debe efectuar como aclaración previa que la misma es de naturaleza sanitaria, y constituye un ejemplo de la llamada ley penal en blanco (aquellas que establecen una pena para una conducta que resulta individualizada en otra ley) que debe ser completada con una disposición de las autoridades competentes impuesta para actuar frente a una epidemia.  El bien jurídico protegido es la salud pública que se ataca con la epidemia (que puede originarse en enfermedades de animales, plantas o personas). La epidemia es la propagación en una población de una enfermedad transmisible de una persona a otra o de animales o vegetales a las personas (si un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas -por ejemplo, varios continentes- se cataloga como pandemia). Existe un interés social de evitar epidemias y por eso se penan las desobediencias a las órdenes de la autoridad competente. La acción típica consiste en violar (por acción u omisión) las medidas (obligatorias) impuestas para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Lo que debe violar el agente son las medidas adoptadas por la autoridad competente.  Como se trata de una ley penal en blanco, el vacío debe ser completado recurriendo a los mandatos y prohibiciones de carácter general (por ejemplo, establecimiento de cordones sanitarios) o particular (como la orden de matar un perro rabioso).  Tales medidas pueden ser dictadas por autoridades nacionales, provinciales o municipales, o administrativas, de carácter legislativo o ejecutivo (leyes, ordenanzas, reglamentos, resoluciones, decretos, etc.).  Se trata de un delito doloso, debiendo el autor conocer la medida y su obligatorio cumplimiento, y obrar con voluntad de no acatarla.  Se consuma con la realización del acto prohibido o la omisión del ordenado; tratándose para a mayoría de la doctrina de un delito de peligro abstracto, es decir, que no requiere un resultado, ni que efectivamente se haya producido el peligro de la introducción o propagación de la epidemia, ni afectado a ninguna persona (conf. Andrés José D’Alessio; Código Penal, Comentado y Anotado, Parte Especial, 1ra. Edición, Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 656/658).-

De otro costado, para que se configure el delito de desobediencia a la autoridad (art. 239 del Código Penal), se presupone la existencia de una orden concreta y dirigida a una persona determinada, dicho precepto debe provenir evidentemente de un funcionario público en el ejercicio legítimo de su actividad funcional, con las formalidades establecidas por la ley y finalmente debe ser ejecutada de acuerdo a las formas legales dispuestas.  El ilícito analizado requiere el dolo y se consuma con el no acatamiento de la orden, por tratarse de un delito de mera actividad e instantáneo (conf. Jorge Eduardo Buompadre; Derecho Penal. Parte Especial. 2° Ed. Actualizada, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2019, p. 553/554).  El bien jurídico penalmente protegido en el Título XI del Código Penal “Delitos contra la Administración Pública”, se asienta en el correcto desempeño de la función pública, comprensiva tanto de la actividad administrativa, judicial y legislativa.  En el caso particular del delito de desobediencia a la autoridad, tiene como ámbito de tutela la irrefragabilidad de los mandatos legítimos de la autoridad, los que, mientras reúnan las formalidades legales, son de inexcusable cumplimiento.-

Así pues, el no cumplimiento del aislamiento o cuarentena pone a los rebeldes ante la posibilidad de ser sancionados penalmente, en principio, según estas dos figuras delictivas que acabo de comentar, con todas las consecuencias de distinta índole que trae aparejado a una persona una imputación y eventual condena penal (la infracción de medidas sanitarias contra epidemias, art. 205 del Código Penal, tiene prevista una pena de prisión que va de 6 meses a 2 años; en tanto que la desobediencia a la autoridad –art. 239 del mismo cuerpo legal-, posee una escala penal que va de los 15 días a un año de prisión).-

Otra cuestión de la que a diario se habla en la prensa y puede implicar una consecuencia de la infracción al aislamiento social, preventivo y obligatorio, es el secuestro y eventual decomiso (pérdida a favor del Estado) de los vehículos en que los infractores son sorprendidos.  En relación a ello, el art. 23 del Código Penal Argentino, establece y ordena como regla general, el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, entre otros supuestos, medida que debe adoptarse sólo en los casos que recae condena por los delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales.  El decomiso es entendido como una pena accesoria, es decir que depende para su aplicación de la imposición de una pena principal (prisión por ejemplo) y tiende a neutralizar la oportunidad de que los imputados vuelvan a utilizar ese instrumento para la comisión de nuevos delitos o evitar su enriquecimiento a resultas de su actividad delictual.  Indefectiblemente presupone una sentencia condenatoria, siendo esta la oportunidad y acto procesal para imponer y declarar tal medida de confiscación.-

Así las cosas y en atención a todo lo dicho, debo una vez más reiterar que los argentinos nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello ha sido y es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario.  Y toda vez que no se cuenta por ahora con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.-

Remárquese que teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del virus pandémico SARS-CoV2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de las siguientes variables: la oportunidad, la intensidad (drásticas o escalonadas), y el efectivo cumplimiento de las mismas.-

Finalmente quiero destacar que los Decretos 260/20, 297/20, 325/20 y 355/20 se han dictado con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende proteger la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma razonable y temporaria.  La restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es el derecho colectivo a la salud pública.  En efecto, no se trata sólo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir la medida de aislamiento dispuesta, sino de todas y todos los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio del COVID-19, depende de que cada uno de nosotros cumpla con su aislamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad.-

Para terminar quiero decir que, frente a la pandemia que nos toca afrontar a los argentinos y las medidas que se disponen para combatirla, no se trata de una elección sólo entre si soy obediente o no al cumplimiento de las normas (algunas comentadas en este artículo), es más bien la elección entre vivir o posiblemente morir y también matar a quienes nos rodean.  Como están dadas las cosas, nos encontramos frente a una batalla que sólo vamos a ganar o mitigar sus efectos con el comportamiento responsable de todos sin ninguna excepción y desde el lugar que a cada uno le toque ocupar en esta Sociedad que vivimos.-

Constanza Manzur2073 Posts

Llevando las noticias día a día a los ciudadanos de Traslasierra.

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