ANULACIÓN DEL PROCESAMIENTO POR CAUSA PEAJES

La Sala II de la Cámara Federal porteña, anuló los procesamientos que días antes de dejar su despacho, firmó el ex juez Rodolfo Canicoba Corral, contra los ex funcionarios macristas Guillermo DietrichNicolás DujovneJavier Iguacel y Bernardo Saravia Frías. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron que no se les permitió una justa defensa, ya que no pudieron acceder a la documentación y pruebas que se utilizaron para acusarlos. En el expediente se los había procesado por supuesta «administración fraudulenta» en la renegociación de la concesión de peajes. 

Los ex funcionarios macristas habían sido procesados por el ex juez Canicoba Corral justo antes de jubilarse. El magistrado había considerado que habían sido responsables de haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Concesionario Oeste S.A. -del cual participaban empresas del grupo Macri- con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente.

La denuncia se formuló cuando la empresa Abertis inició dos reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI) en los que reclamaba fondos millonarios y en dólares «por supuestos atrasos tarifarios por los que debía responder el Estado argentino».

En el requerimiento se indicó que, por ejemplo, para Autopistas del Sol la anterior gestión negoció una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de 499 millones de dólares en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A., la española controlante, «retire la demanda ante el tribunal internacional». Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.

Según Canicoba Corral, los ex funcionarios que actuaron en el proceso de renegociación «fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del Estado».

Los procesamientos fueron apelados y la Sala II de la Cámara federal porteña, al analizar la situación indicó: “Cuando se indagó a los imputados, la causa no estaba en secreto –tampoco luego- . Los actos se concretaron por medios digitales, en razón de la forma de funcionamiento que regía y lo sigue haciendo en los tribunales. En las audiencias se enumeró como prueba de cargo la documentación reservada de la causa, identificándose allí expedientes administrativos y otras constancias (se habló de doce paquetes con actuaciones del Ministerio de Transporte, de Hacienda, de Vialidad, de la SIGEN, de la Procuración del Tesoro, de la IGJ, de la CNV, secuestros de allanamientos, etc.)».

Ante este escenario, los camaristas Irurzun y Bruglia entendieron que los acusados no pudieron defenderse. «Ni antes ni durante ni después de las audiencias tuvieron la posibilidad de confrontar el contenido de cualquiera de esos elementos que se les enunciaron. Ante los reclamos, el juez argumentó, primero, que para él no correspondía legalmente permitir a las defensas la compulsa previa a las indagatorias ; superado ello, invocó que su carga al sistema informático –por su dimensión- era dificultosa y llevaría tiempo».

En esta misma línea, consideraron que tales condiciones de falta de acceso a la prueba, «se mantenían inalteradas cuando se procesó a Iguacel, Dietrich, Saravia Frías y Dujovne. Y que en todos los pronunciamientos objetados se valoró como prueba fundamental aquella documentación que aún no se había puesto a disposición de las partes imputadas».

Por estos argumentos, Irurzun y Bruglia entendieron que si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas que previamente «no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas,se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo”

Ahora será el juez Julián Ercolini quien deberá fijar una nueva fecha de indagatoria para los imputados en el caso. 

El expediente judicial sostiene que las presuntas irregularidades «comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por 1.100 millones de dólares. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripoll, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades».

Para el magistrado, que en dos días dejará su despacho, «existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina entre los funcionarios, con otros intervinientes que con el avance del trámite serán imputados formalmente, y empresarios del ámbito privado, a raíz del cual aquellas empresas y terceros se vieron beneficiadas. Esto a su vez generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso».

Respecto al papel que cumplió Guillermo Dietrich, Canicoba sostuvo que buscó «beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones», y para ello actuó «con desvío de poder, según un interés no administrativo».

Fuente: Clarin

Constanza Manzur787 Posts

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