SUPERMERCADOS BAJO PRESIÓN

Después de multar la semana pasada a grandes empresas, el Gobierno avanzó en nuevos controles a los grandes supermercados mediante la regulación de espacios de exhibición, información sobre stocks y plazos de pago a proveedores. Se trata del Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista, un norma que reglamenta la Ley de Góndolas en las superficies de mayor facturación y se prevén sanciones de hasta $550 millones en caso de incumplimiento.

La resolución 340 fue publicada este lunes por la secretaría de Comercio interior, a cargo de Paula Español, cuya área adoptó un alto perfil dentro del Ministerio de Producción en su combate contra la «especulación» a través de crecientes controles de precios a las fabricantes de alimentos y bocas de expendio, la amenaza de cierre a las exportaciones de carne y la mayor regulación de los espacios de venta de productos de retail, con la mira en los alimentos.

Sancionada en marzo del año pasado y reglamentada por decreto en diciembre, la Ley de Góndolas designó al área de Español como autoridad de aplicación, quedando facultada para dictar normas complementarias y aclaratorias. En ese marco y luego de la participación de organismos de defensa del consumidor de distintos niveles gubernamentales, se implementó el código para «reglar las relaciones comerciales» cadenas de supermercados, tiendas, autoservicios y afines, y sus proveedores.

La medida impactó de inmediato en el sector del retail, donde este lunes estudiaban el eventual impacto de los cambios sin pronunciarse al respecto hasta analizar todos los detalles. «Estaba previsto en la Ley de Góndolas, pero lo estamos estudiando», señalaron fuentes de una cadena líder que prefirió mantener el anonimato. «Son muchas normativas, va a ser muy dificil todo«, respondieron desde otra empresa del rubro.

En concreto, el manual dispone que «los Comercializadores otorgarán untrato comercial igualitario y sin discriminación entre sus distintos Proveedores y no podrán imponer a los mismos restricciones o condicionamientos, más allá de los requisitos mínimos y habituales en el comercio y el cumplimiento de las normas vigentes, para establecer los acuerdos de provisión».

Multas para domar los precios

Los cambios son de «aplicación obligatoria» a los sujetos alcanzados por la Ley de Góndolas con una facturación bruta anual superior a los 300 millones de unidades móviles, considerando la facturación de todo el grupo económico. De lo contrario, «las medidas de sanción de la Ley de Góndolas son a través del dereto 274/2019 que aplica llegado el caso hasta los $550 millones«, confirmaron desde la cartera de Producción, encabezada por Matías Kulfas. 

La norma complementaria, que regirá a partir de los próximos 30 días, se conoció en vísperas del dato de inflación de marzo. Se espera una suba cercana al 4% mensual y un 12% en el primer trimestre. En caso de confirmarse esa cifra, se consolidarán las expectativas de un aumento superior al 40% en los precios para el 2021 y será un nuevo golpe para la meta oficial del 29%. Pero sobre todo evidenciará las dificultades para controlar la inflación, pese a la vigencia de Precios Cuidado y Precios Máximos.


Fuente: IProfesional

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