El aumento de la cobertura alimentaria pública para niños y adolescentes en los últimos tres años, que pasó de contemplar a poco menos del 40% a cerca de 60%, no alcanzó para disminuir de manera sensible la pobreza en ese sector de la población, que es el más vulnerable y que tiene, de acuerdo a un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) a 6 de cada 10 de ellos bajo la línea de pobreza, y una proporción alta en situación de inseguridad alimentaria: 4,2 millones comen menos que antes por efecto de la crisis económica.

Esas fueron algunas de las conclusiones a las que arribó un exhaustivo documento elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de esa institución, que midió cómo concluyó el 2022 en distintas métricas para medir la pobreza infantil: alimentación, subsistencia -es decir, carencias económicas-, salud, hábitat, crianza y socialización, información, educación y trabajo infantil.

En algunos de los indicadores sociales vertebrales que tomó en consideración el ODSA-UCA las cifras volvieron a los niveles que tenían antes de la pandemia (es decir, las del cierre de 2019) mientras que otras ofrecen una resistencia a la baja todavía mayor y se mantuvieron por encima de ese nivel. El número más crítico, en ese sentido, es el de la pobreza monetaria, el método de medición más tradicional.

De acuerdo a la UCA, el 2022 terminó con un 61,6% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina por debajo de la línea de la pobreza, es decir, sin tener el costo de la canasta básica cubierta. Eso implicaría que unos 8,2 millones se encuentra en esa situación. De ese total, 1,6 millones, incluso, viven en condiciones de indigencia, el 13,1% del total de la población de hasta 17 años.

La película más amplia muestra que entre 2020 y 2021, por la pandemia de coronavirus, hubo un marcado incremento en las dos métricas -pobreza e indigencia- y que en 2022 fue retomado el camino de mejora, aunque fue insuficiente para “recomponer” el efecto hacia arriba que había provocado la crisis sanitaria y las medidas de restricción a la movilidad. Como referencia, cuando terminó el 2019 la cantidad de niños y adolescentes pobres era de 59,5 por ciento. El pico de pobreza fue el 64,9% de 2021 y de indigencia, el 15,7% de 2020.

Fuente: Observatorio de la Deuda Social (UCA)

Una particularidad es que entre 2019 y 2022 creció casi diez puntos porcentuales (desde 40% a 49,8%) la cobertura del gasto público en asignaciones universales y otras transferencias no contributivas hacia la población de ese rango etario. Fue una medida de respuesta a la crisis social que sobrevino con el coronavirus y si bien pudo haber evitado un impacto mayor en un principio, no consiguió hasta 2022 hacer retornar la pobreza y la indigencia a los niveles prepandemia.

Al descomponer el dato general, se observa que el Conurbano bonaerense tiene cifras por encima de la media nacional. La pobreza infantil salta en esa región hasta 69,1%, mientras que el 16,3% (uno de cada seis) de los chicos que viven en el Conurbano son indigentes y no tienen cubierta la canasta alimentaria.

Otra medición desarrollada por la UCA fue el de la inseguridad alimentaria. El Observatorio de la Deuda Social define a la inseguridad alimentaria como el hecho de que en una familia se haya “reducido la dietade alimentos en los últimos doce meses por problemas económicos”. En un cuadro más grave, la inseguridad alimentaria severa refleja qué cantidad de niños y adolescentes “han experimentado situaciones de ‘hambre’por falta de alimentos en los últimos doce meses”.

De acuerdo al informe de ODSA-UCA, así, el 31,4% de la población de hasta 17 años sufría a fines de 2022 de inseguridad alimentaria, lo que implica que 4,2 millones de personas se alimentan menos que antes como consecuencia de la crisis económica. Y de ese total, unos 1,6 millones (12,3%) directamente sintieron hambre por la cantidad de privaciones alimentarias a las que se vieron sometidos por la situación económica.

Fuente: Infobae